AP

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el domingo por la noche la nueva ley SB 4 para prohibir las políticas de las llamadas “ciudades santuario”.

“Como gobernador, mi máxima prioridad es la seguridad pública, y este proyecto de ley promueve ese objetivo al mantener a los criminales peligrosos fuera de nuestras calles”, subrayó el gobernador mediante una transmisión de Facebook Live.

La nueva ley penalizará a los funcionarios en las ciudades, municipios y universidades públicas dentro del estado que no cooperen con las agencias federales de inmigración e intenten proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación.

Advertisement

Advertisement

La nueva política surtirá efecto a partir del primero de septiembre.

Todas las cárceles del estado tendrán que cumplir con las solicitudes de información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las personas indocumentadas que se encuentran detenidas. Los funcionarios que no cumplan con las solicitudes de detención podrán perder sus cargos y enfrentarán penas de hasta un año de prisión.

También se impondrán multas de hasta $25,000 dólares al día contra los gobiernos locales en el estado que no cooperan con las agencias migratorias.

Advertisement

La ley también le permitirá a la policía indagar la situación migratoria de los detenidos.

Varios expertos afirman que esta ley vulnera los derechos de los 1.8 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Texas. Los indocumentados podrían ser detenidos y expulsados del país si intentan reportar un crimen o colaborar con la policía.

Advertisement

Los demócratas y los activistas argumentan que la norma impulsará la discriminación racial dentro de los departamentos de polícia. “Cualquier agente de procuración de justicia estará autorizado para cuestionar la condición migratoria de cualquier persona durante un arresto, detención u operativo de rutina”, subrayó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado. “Este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales”.

El gobierno mexicano externó su preocupación pero no anunció medidas retaliatorias contra Texas. La economía del estado depende en gran medida del comercio con México, el turismo y el trabajo de los inmigrantes indocumentados.

En 2011, la administración Obama demandó al estado de Alabama para bloquear una ley migratoria similar. El gobierno federal argumentó en aquel entonces que la constitución estadounidense prohíbe que los estados implementen sus propias leyes migratorias. Sin embargo, esta nueva ley en Texas refuerza las órdenes ejecutivas de Trump que buscan eliminar los fondos federales para las ciudades santuario.

Algunos grupos que defienden los derechos de los inmigrantes han prometido demandar al estado ante los tribunales federales en un intento por anular la nueva ley.