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CIUDAD DE MÉXICO – Los mexicanos conmemoraron este lunes el décimo aniversario de La Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una ley de la Ciudad de México que permite a las mujeres con 12 semanas de embarazo abortar en la capital.

Desde que se firmó la ley en abril del 2007 más de 176 mil mujeres han interrumpido sus embarazos de manera segura en la Ciudad de México, según datos de la Secretaría de Salud. Sin esta ley la mayoría de estas mujeres habría abortado de todas maneras pero eso hubiera conllevado muchos riesgos, subrayó Alex Alí Méndez Díaz, coordinador de documentación y litigio de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una asociación que defiende los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.

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Un estudio publicado el año pasado por el Guttmacher Institute, una organización estadounidense que investiga la salud reproductiva, señaló que penalizar el aborto no reduce el número de intervenciones y pone en riesgo la vida de las mujeres.

Otro estudio del instituto señala que en América Latina aproximadamente 6.5 millones de mujeres abortan cada año. El estudio subraya que el 97% de las mujeres latinoamericanas que aborta vive en lugares donde la interrupción del embarazo tiene ciertas restricciones o es totalmente ilegal. Además, cada año en Latinoamérica 760 mil mujeres sufren complicaciones y 900 mueren por tener un aborto no seguro.

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La Ciudad de México sigue siendo uno de los pocos lugares en Latinoamérica que ha legalizado el aborto sin restricciones. Es decir, las mujeres pueden abortar en la capital mexicana sin importar la razón de su embarazo dentro de las 12 semanas de gestación.

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“Una despenalización [del aborto] en donde únicamente se requiere la voluntad de la mujer es uno de los mayores logros en un país democrático que aspira a respetar los derechos de todas las personas, en este caso de las mujeres”, me dijo Méndez Díaz.

“A 10 años hay mucho que celebrar, pero sin duda hay retos y hay cosas que se tienen que mejorar y ampliar”, subrayó. “Pero creo que la Ciudad de México es una ciudad totalmente distinta a la que existía hace 10 años para las mujeres”.

En todos los estados mexicanos existen restricciones para la interrupción del embarazo. En 32 estados se permite el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, en 29 cuando la vida de la mujer corre peligro y en 12 cuando el feto presenta graves malformaciones genéticas o congénitas. Sin duda, la Ciudad de México es el lugar más progresivo del país en cuanto al aborto. Sin embargo, los grupos que defienden los derechos de las mujeres continúan luchando para extender la ley actual hasta las 18 semanas de gestación.

La penalización del aborto y el estigma social en otros estados sigue siendo un gran problema ya que no todas las mujeres mexicanas tienen suficientes recursos para viajar a la capital. Estas mujeres son más propensas a tener un aborto clandestino.

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En los últimos 10 años, alrededor de 7 mil mujeres de otros estados lograron viajar a la capital para tener un aborto seguro, según datos de la Secretaría de Salud.

La polémica que rodea el aborto también es un obstáculo para las leyes que buscan prevenir que las mujeres se arriesguen a interrumpir su embarazo de una manera no segura.

Abril 2012. Una coalición de organizaciones en contra del aborto colocó pequeños ataúdes en la escalinata del monumento al Ángel de la Independencia para protestar la ley de la Ciudad de México.

Las organizaciones conservadoras y los grupos religiosos han dificultado el progreso en muchas partes del país. Este lunes, el día del aniversario de la ley del aborto, el vocero de la Arquidiócesis de México se refirió a la interrupción del embarazo como algo “criminal” en entrevista con el diario El Universal.

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Un representante del Frente Nacional por la Familia, una organización que solo reconoce a las familias con padres heterosexuales, le dijo al periódico que el aborto es algo “inhumano” porque “elimina a un ser”.

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“Tienen derecho los que no están de acuerdo a expresar su desacuerdo,” me dijo Méndez Díaz. “Pero cuando ya está estipulado en la ley y se ha validado constitucionalmente, la resistencia cultural no tiene porque impedir el acceso a las mujeres a este servicio de salud”.