El Presidente Donald Trump enterró entre las 1,200 cuartillas del plan presupuestario que presentó la semana pasada un nuevo truco para prohibir las leyes de las llamadas ciudades santuario.

La administración Trump busca reformar una ley migratoria de 1996 para castigar a las ciudades que protegen a los inmigrantes indocumentados, ya que la cortes estadounidenses han rechazado sus primeros intentos para combatirlas.

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La propuesta del mandatario estadounidense modificaría la ley de la Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA, por sus siglas en inglés) que muchos gobiernos locales emplean para justificar su falta de cooperación con las agencias migratorias federales.

Si el Congreso aprueba la reforma en el presupuesto, eliminaría la autoridad de los gobiernos locales para decidir si cumplen o no con las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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La modificación también expande el tipo de información que el gobierno federal puede solicitar, obliga a los gobiernos locales a compartir la información solicitada y asegura que las entidades cumplan con todas las solicitudes de detención.

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El nuevo contenido de la IIRAIRA también le da al presidente la autoridad de condicionar los fondos que tienen que ver con la inmigración, la seguridad nacional y la aplicación de la ley.

De acuerdo con las leyes actuales, las entidades no federales no tienen la obligación de cumplir con las solicitudes de detención de inmigrantes indocumentados que envía ICE. Sin embargo, es ilegal que los gobiernos municipales y estatales aprueben leyes para prohibir el intercambio de información con el gobierno federal.

La aprobación de esta ley tendría implicaciones significativas para las policías cuyos fondos dependen del gobierno federal. Miles de indocumentados podrían ser transferidos a los centros de detención para inmigrantes si los departamentos locales empiezan a filtrar información a las agencias federales.

Este último intento para castigar a las ciudades santuario llega un mes después de que un juez federal decidiera suspender la orden ejecutiva que el mandatario firmó el 25 de enero para bloquear fondos federales a las entidades que no cooperan con ICE y otras agencias.

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Los planes presupuestarios que Trump ha presentado han sido criticados por los demócratas y los republicanos. Es poco probable que los legisladores aprueben este plan sin primero negociar grandes cambios.